FUNCIONARIOS. Si fuera un eficaz empleado municipal, estaría cabreado. Como si no hubiera bastado con el informe del año pasado, que ponía en la picota a una plantilla del Ayuntamiento, ahora encargan otro diagnóstico a una consultora (por 60.000 euros) para pregonar que el personal está sobrevalorado y mal organizado. Encima, va el ministro de Administraciones Públicas y suelta en el Congreso eso de que a los funcionarios se les acabó el puesto para toda la vida, se desempeñe como se desempeñe.

Claro que tampoco dormiría a pierna suelta si fuera Jordi Sevilla, porque al presentar el anteproyecto del Estatuto Básico del Empleado Público ha encendido una mecha. A los sindicatos sus declaraciones les han parecido ofensivas, desafortunadas y, toma ya, decimonónicas. Ellos tampoco son muy modernos: para pedirle que rectifique, le han enviado una carta, en vez de un e-mail o un sms. En fin, las asociaciones de trabajadores lamentan que el debate sobre el futuro Estatuto Básico del Empleado Público se reduzca a una polémica sobre ceses y despidos. Además, aseguran que la negociación no ha hecho más que empezar, a pesar de que para Sevilla poco menos que ha concluido. ¿Se avecina tormenta?

En la web del ministerio podemos descargar el borrador del anteproyecto, un documento de setenta páginas. Entre otras cosas, incluye un código de conducta que proclama que los empleados públicos deben currar según estos principios éticos y de conducta: «Objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre hombres y mujeres». Ahí es nada. Y a quienes cumplan estos nuevos mandamientos, ¿los van a beatificar, o sólo los van a librar de las collejas?